¿Qué facultades pide el Ejecutivo?

Modificar el régimen de control y regularidad migratoria y el régimen de nacionalización para promover una migración ordenada, segura y regular.

Regular el rastreo, localización, geolocalización, registro, trazabilidad, baja de líneas y bloqueo de equipos o dispositivos usados ilícitamente, incluidas las comunicaciones ilegales desde penales y centros juveniles.

Fortalecer el control, trazabilidad y fiscalización de armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos, además de las condiciones para acceder, adquirir, poseerlos y usarlos.

Reformar el sistema nacional penitenciario con el objetivo declarado de fortalecer la seguridad y la reinserción social.

Regular la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en seguridad externa y apoyo operativo al personal penitenciario, dentro del marco constitucional.

Legislar sobre intervenciones de reinserción social juvenil y posteriores al egreso para adolescentes en conflicto con la ley penal.

Regular la libertad vigilada posterior a la pena y crear su registro para casos de delitos de alta peligrosidad, lesividad o pluriofensivos.

Ampliar medidas de prevención, investigación, persecución, juzgamiento, sanción y tratamiento penitenciario. Incluye cambios al Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, Código Penal Militar Policial y normas sobre extorsión, sicariato, geolocalización, equipos móviles, delitos informáticos, responsabilidad de personas jurídicas y denuncia digital.

Autorizar el uso de armas no letales, equipamiento de protección especial y medidas complementarias para personal de vigilancia, control y monitoreo de áreas naturales protegidas.

Modificar el Decreto Legislativo 1095 para la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía frente a amenazas al Estado de derecho, la seguridad ciudadana y el orden interno.

Crear el marco legal para declarar organizaciones criminales como organizaciones terroristas y establecer su clasificación y registro.

Establecer una presunción de inocencia respecto de la racionalidad de la respuesta de quien ejerce legítima defensa. Desvirtuarla requeriría motivación cualificada, bajo sanción de nulidad.

Reducir barreras, simplificar requisitos, promover servicios gratuitos vinculados con la formalización, facilitar el acceso sostenible a sus beneficios y fortalecer el marco del factoring.

Crear instrumentos de capital semilla, garantías y crédito; fortalecer y ampliar la Red CITE; permitir transferencias de gobiernos subnacionales para CITE públicos y transferencias regionales a ProInnóvate.

Modernizar y flexibilizar el régimen societario y modificar el Decreto Legislativo 1409 sobre la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada para impulsar la formalización y competitividad.

Dictar medidas para generar oportunidades laborales y de desarrollo profesional para jóvenes, incluyendo formación para el trabajo, información sobre oportunidades y financiamiento.

Modificar la Ley General de Inspección del Trabajo para un enfoque preventivo, focalizado y basado en resultados; reforzar la rectoría de SUNAFIL y su coordinación con gobiernos regionales sobre microempresas.

Crear un marco para bonos de productividad y otros incentivos por desempeño sin carácter remunerativo en el sector privado.

Precisar y modificar el tratamiento de las indemnizaciones de trabajadores de dirección y personal de confianza del sector privado.

Fortalecer el marco de la actividad laboral privada con un régimen que fomente formalización, seguridad social, beneficios laborales y protección contra el despido.

Modificar el régimen de feriados para fomentar la productividad, conciliar vida laboral y familiar y promover el turismo.

Simplificar procedimientos, requisitos y servicios prestados en exclusividad; reducir cargas, reforzar su estandarización y mejorar la atención ciudadana y el derecho de defensa.

Regular seguridad digital pública y privada, digitalización estatal, entornos regulatorios de prueba, infraestructuras públicas digitales, interoperabilidad, gestión documental, credenciales digitales y firmas electrónicas.

Ampliar la definición de barrera burocrática a servicios prestados en exclusividad y modificar los regímenes de medidas cautelares y mandatos finales para hacerlos más efectivos.

Modificar el marco de mejora de la calidad regulatoria para consolidar sus instrumentos en el Poder Ejecutivo.

Derogar la Ley 32645 que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú y regular el cierre de su comisión organizadora y la custodia de su documentación.

Ajustar la determinación de tasas administrativas a la metodología de costos, establecer mecanismos de adecuación oportuna y asegurar que solo se cobren cuando se cumplan las condiciones legales.

Regular habilitación urbana, zonificación y servicios básicos para infraestructura productiva industrial, además de la venta u otros derechos reales sobre predios estatales y la reinversión con fines industriales.

Modificar ampliamente los marcos de sanidad e inocuidad agraria, tierras y pastos, recursos forestales, cooperativas, financiamiento y seguros, acceso a mercados, apoyo a mujeres rurales e indígenas, titulación y catastro rural y resiliencia climática.

Fortalecer el SNIA y la rectoría del INIA; regular sus bienes y servicios; crear centros y redes de transferencia; modificar SECIGRA Agrario; integrar estadísticas y padrón de productores; y ampliar mecanismos de acceso a maquinaria e infraestructura.

Modificar la Ley de Recursos Hídricos y simplificar títulos habilitantes; fortalecer el saneamiento, adquisición, expropiación, servidumbres y liberación de interferencias para proyectos hidráulicos y de riego.

Modernizar toda la cadena pesquera y acuícola; formalizar embarcaciones y agentes; crear protección climática y un fondo privado para pesca artesanal; modificar permisos y crear su registro nacional interoperable.

Actualizar otorgamiento, vigencia y caducidad de concesiones y títulos mineros; reforzar formalización y trazabilidad; simplificar procedimientos y apoyar proveedores y encadenamientos productivos.

Promover inversión privada en exploración, explotación y almacenamiento, optimizar contratos y simplificar procedimientos en la cadena de hidrocarburos, incluida la petroquímica.

Actualizar las leyes de concesiones y generación eléctrica para inversión, tarifas competitivas, cobertura rural, energías renovables, generación distribuida e hidrógeno verde.

Eliminar las disposiciones sobre topes a tasas de interés introducidas por la Ley 31143 y perfeccionar el acceso a información y transparencia en la contratación de productos financieros activos.

Promover nuevos productos, seguros, educación y finanzas abiertas; permitir cuentas de ahorro desde los 12 años; y dar a empresas financieras y de seguros acceso a datos de identidad de RENIEC en sus operaciones.

Simplificar y digitalizar procedimientos ambientales, regular el silencio administrativo según riesgo, integrar permisos a la Certificación Ambiental Global, fortalecer el SNGA y optimizar la remediación ambiental y su financiamiento.

Permitir que inversionistas asuman estudios, adquisición de terrenos e interferencias; facilitar APP; delegar funciones contractuales en Proyectos en Activos; y modificar la gobernanza del Consejo Directivo de ProInversión.

Crear exoneraciones, aprobaciones automáticas y silencio positivo para permisos y títulos de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, incluidas interferencias, áreas rehabilitadas, zonas públicas, patrimonio posterior al periodo prehispánico y derechos de vía.

Modificar adquisición, expropiación, saneamiento, transferencia y derechos reales sobre inmuebles necesarios para inversión pública o público-privada y regularizar predios que sostienen servicios o infraestructura pública.

Facilitar formalización, independización, subdivisión, acumulación, transferencia y otros actos del Registro de Predios para dar seguridad jurídica al mercado inmobiliario.

Optimizar la gestión y disposición de propiedad estatal dentro del Sistema Nacional de Bienes Estatales a favor de posesionarios que buscan formalizarla.

Agilizar saneamiento, disposición y uso de inmuebles estatales requeridos por obras de necesidad, interés o seguridad nacional o de gran envergadura, y revertir al Estado los inmuebles no utilizados.

Agilizar predios e interferencias para obras, incluyendo vigencia de tasaciones, inembargabilidad de cuentas de pago, aplicación del Decreto Legislativo 1192 y exoneración de autorizaciones municipales para liberar interferencias.

Fortalecer la habilitación y operación de servicios turísticos, destinos con identidad nacional, industrialización con valor agregado, comercio exterior y competitividad exportadora.

Modificar, simplificar y optimizar los regímenes tributarios y obligaciones formales empresariales, además de adecuar el Código Tributario y otras normas.

Modificar regímenes, procedimientos, plataformas, interoperabilidad, control y gestión de riesgos para reducir costos y tiempos e impulsar exportaciones.

Regular la prevención y erradicación del ingreso al país de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, incluida su prohibición de importación.

Regular indemnizaciones preestablecidas por infracciones de propiedad intelectual en cumplimiento de compromisos internacionales del Perú.

Ampliar OxI a gestión del riesgo e infraestructura de defensa civil y viviendas rurales para damnificados; simplificar IOARR de emergencia y regular intervenciones concertadas entre niveles de gobierno y universidades.

Legislar una reforma estructural del Estado en el Poder Ejecutivo para mejorar la eficiencia y eficacia del gobierno y su coordinación con las demás entidades.

Reforzar la rectoría de recursos humanos, meritocracia e idoneidad; crear incentivos económicos de salida voluntaria equivalentes al régimen privado, sin autorizar despidos o destituciones de trabajadores con estabilidad.

Modificar integridad pública y responsabilidad disciplinaria y funcional, especialmente para quienes deciden sobre inversión pública o público-privada, con el fin de evitar que controles irrazonables inhiban decisiones legítimas.

Crear mecanismos para que la entidad titular, regulador y ente rector participen técnicamente en procesos constitucionales o contencioso-administrativos que puedan afectar contratos APP.

Adecuar el Sistema Nacional de Presupuesto Público para aplicar un enfoque de arriba hacia abajo en las fases del proceso presupuestario.

Modificar el Decreto Legislativo 1141 para fortalecer y modernizar el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Permitir, por necesidad pública, reestructurar SEDAPAL frente a riesgos operativos, comerciales, económicos y financieros que comprometan los servicios de agua y saneamiento.

Facultar a INDECI a entregar directamente ayuda humanitaria durante los primeros 15 días de una emergencia o desastre, priorizando a población vulnerable.

Crear soluciones alternativas a factibilidades condicionadas de agua y saneamiento para viabilizar proyectos VIS e incluir y priorizar sus terrenos en los planes regionales del servicio.

Establecer procedimientos especiales, simplificados y plazos reducidos para inscribir reservas, adjudicaciones, transferencias, contratos y derechos vinculados con proyectos VIS.

Modificar el Bono Familiar Habitacional y los regímenes de bonos para damnificados y arrendamiento por emergencia para mejorar su atención.

Modificar el marco de agua y saneamiento para crear un régimen de subsidios cruzados aplicable a estos servicios.

Regular responsabilidades cuando se otorguen factibilidades de agua y saneamiento en zonas inviables y atribuir responsabilidad a quienes las emitan incumpliendo las condiciones.

Permitir soluciones no convencionales de agua y saneamiento para VIS, regular su operación por prestadores y establecer subsidios y financiamiento.

Modificar la vigencia de los certificados de seguridad para priorizar controles en locales de mayor riesgo y reducir cargas en los de riesgo bajo o medio.